EL PP cede al chantaje de las sociedades gestoras de derechos de autor.

A PESAR DE HABER RECONOCIDO EN EL CANON UN AUTÉNTICO ABUSO.
Los Ministerios de Industria y Cultura ultiman en estos días el informe que concretará qué aparatos y consumibles quedarán sujetos al canon. La compensación económica que recibirán las asociaciones gestoras de derechos de autor, por la posibilidad de realizar copias privadas de obras protegidas en soportes digitales, gravará como un impuesto la compraventa de equipos, soportes y aparatos de grabación y almacenaje de audio digitales del mercado, revirtiendo como es lógico, en una subida aproximada de 30% del precio de los productos digitales en el mercado español.
Para concretar que soportes y aparatos de reproducción subirán de precio por el canon, y en qué cuantía pasará a engrosar las arcas a las asociaciones de autores, el Gobierno está meditando como arreglárselas para no perder el apoyo que éstas le vienen brindando en sus campañas electorales. Y es que teniendo en cuenta el crispado momento político y social que vive el PSOE, no se van a arriesgar enfrentándose a “intelectuales”.Desde hace mucho, mucho tiempo, la Asociación de Internautas, junto con la “Plataforma Todoscontraelcanon”, viene denunciando el abuso indiscriminado que supone esta imposición económica a los soportes y equipos digitales, hasta el punto de tener presentada la pertinente denuncia ante la Comisión Europea. Los argumentos para oponerse al canon explican que, en un 99,9% (por estadística del sentido común) de los casos, las cámaras digitales se utilizan por sus dueños para hacer fotografías de contenido privado, que los teléfonos móviles se utilizan para hacer llamadas de teléfono o mandar sms de contenido privado, que los CDs, las impresoras, faxes, ordenadores y ADSL, son utilizados en el entorno empresarial, para realizar tareas íntimamente relacionadas con la actividad empresarial o, en el entorno del sector público, son utilizados para realizar tareas de servicio público, de obligado cumplimiento por Ley. Es decir, que en un 99% de los casos, no hay ni siquiera una remota posibilidad de que se realice una copia privada de una obra protegida por derechos de autor (si acaso, por derechos del particular, de la empresa o de la Administración Pública y sus administrados).
Lo único cierto e indiscutible, se callen o hablen los políticos, es que si una ley obliga a usar la tecnología en exclusiva para unos fines concretos (destinando los fondos públicos para prestar servicios públicos), no tiene sentido cobrar un impuesto por si se usan para otra cosa, principalmente porque esa otra posibilidad (sería la copia privada) no está permitida. PERO la vergonzosa realidad es que un grupo de presión como las asociaciones gestoras de derechos de autor, venden impunemente que (digan lo que digan las leyes) la Administración dedica el dinero de los españoles a comprar tecnología para hacer copias privadas de sus obras y, lo GRAVE: Gobierno y oposición lo aceptan decidiendo que ¿nuestra Administración Pública se dedica a hacer copias privadas de obras protegidas? Qué creativo autor habrá ideado semejante trama especulativa ....

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